Esto contraviene la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas

Santo Domingo RD.- El informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Rivas en el periodo 2012- 2017 en la Oficina Metropolitana del Servicios de Autobuses (OMSA), revela que en tiempo auditado se observan indicios ciertos, serios, graves, precisos y contundente, que podrían determinar la responsabilidad penal de los principales funcionarios de la entidad intervenida.

La entidad bajo investigación, realizó pagos de manera irregular por más de 3 mil 438 millones de pesos a diferentes proveedores.

El informe remitido a la Procuraduría General de la República y otras entidades oficiales, indica que sin tener un contrato que avalara la formalidad de la transacción, la OMSA efectuó pagos por 2 mil 157 millones, 174 mil 862 pesos, en 3 mil 535 órdenes de compras.

También fueron adquiridos bienes y servicios a 51 proveedores en el tiempo de la investigación, por un monto de 3 mil 29 millones 885 mil 296 sin suscribir contrato entre las partes.

Esto contraviene la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La auditoría detalla que se emitieron 3 mil 535 órdenes de compras a 33 proveedores sin que se realizara contratos.

La investigación expresa que se evidencian debilidades importantes en la operatividad de gestión contable y de control interno, que se manifiestan en omisiones e incumplimientos de procesos relativos a base de sustentación y desembolsos por conceptos de compras y contrataciones.

En el análisis realizado a 9 adquisiciones que se efectuaron por procedimientos de urgencia, por un monto de 145 millones 564 mil 199 pesos, se destaca que las compañías adjudicadas son propiedad de Eddy Santana Zorrilla y una sobrina identificada como Rosary Margarita Hernández Santana.

Estas debilidades detectadas han causado graves perjuicios económicos al patrimonio público del Estado.

Fueron detectados inexistencia de domicilios de proveedores, contratación a empresas vinculadas a funcionarios de OMSA, contratos de servicios que no establecieron el 20 por ciento establecido por la ley, duplicidad en el objeto de reparación de autobuses en talleres externos, duplicidad en el pago de reparación o mantenimiento de equipos de transporte, entre otras irregularidades.

El informe indica que cuando los resultados de las auditorias se establezcan indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público y a los organismos especializados en la prevención y persecución de la corrupción.